El diputado Eduardo Díaz, junto a los dirigentes y familias afectadas por el caso, denunció públicamente en Temuco el caso de las 11 familias de la comunidad Juan Nahuelpi del sector Repocura de Chol-Chol, relacionado con la compra obligatoria que se les hizo de un fundo en Villarrica que no les sirve para nada.
“Ellos tenían todas las expectativas de que el subsidio de tierras les solucionara el problema, pero fueron engañados, ya que el campo que se les entregó no es lo que se les ofreció”, acusó el parlamentario.
Entre los antecedentes incorrectos involucrados en este caso que perjudica a 11 familias mapuches, el diputado mencionó que el campo no tiene cercos, es pantanoso y no sirve para engordar ganado, no existen ni la sala de ordeña ni los galpones prometidos, tiene bosques nativos que por contrato sus nuevos propietarios no pueden explotar, y, lo que es peor, es de una cabida de sólo 96 y no de las 106 hectáreas de que se les habló.
“Otro hecho sumamente grave”, señaló Eduardo Díaz, “es que, respecto de las razones que les llevaron a aceptar la compra de este campo que tan poco les sirve, los dirigentes argumenten que fueron amenazados y engañados, agregando que en la Conadi se les dijo que tenían que aceptar ese predio o perdían el subsidio, y que tampoco podían cambiarse de la consultora que realizó la intermediación en esta operación”.
El parlamentario destacó que, así las cosas, con esta adquisición se beneficia más al vendedor y al intermediario que a los propios campesinos, los que de este modo siguen condenados a la pobreza en que actualmente sobreviven.
Díaz recordó que, por medio de la Cámara de Diputados y en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, pidió tanto a la Conadi como a la Contraloría para que se investigue este caso, indicando que hace unos días había pedido junto a los dirigentes de las familias afectadas una audiencia en Temuco con el Subdirector Nacional Sur de la Conadi, quien no los recibió, pese a tener día y hora comprometidos.
“Además”, recalcó el parlamentario, “es importante, a partir de esta situación, que se investigue profundamente el tema de las consultoras en relación con las adquisiciones de predios realizadas con cargo al Fondo de tierras de la Conadi, para saber porqué a las comunidades se les obliga a trabajar con consultoras que se llevan la comisión y les prestan un mal servicio.
“A estas familias se les dijo que no podían cambiar de consultora; se trata de la consultora TRAFKIN sobre la cual estamos pidiendo una completa investigación, pues hay consultoras que tienen manejo político y condenan a la gente a la pobreza, por lo que la Conadi y la Contraloría deben investigar esto a fondo”, concluyó el diputado Eduardo Díaz.
Por su parte, Pedro Millán, dirigente del sector Chol-Chol Repocura reafirmó lo dicho por el parlamentario, señalando que se les obligó a aceptar esa consultora y comprar ese terreno, pese a que ellos no querían tener una consultora que les hiciera los trámites, y a que nunca conocieron en detalle las características del campo que se adquirió.
“Al final”, terminó diciendo Millán, “aceptamos esa compra de tierras confiando en la consultora, y porque en la Conadi nos obligaron a adquirir este campo, bajo amenaza de que nos quitarían el subsidio si no lo hacíamos”.
“Ellos tenían todas las expectativas de que el subsidio de tierras les solucionara el problema, pero fueron engañados, ya que el campo que se les entregó no es lo que se les ofreció”, acusó el parlamentario.
Entre los antecedentes incorrectos involucrados en este caso que perjudica a 11 familias mapuches, el diputado mencionó que el campo no tiene cercos, es pantanoso y no sirve para engordar ganado, no existen ni la sala de ordeña ni los galpones prometidos, tiene bosques nativos que por contrato sus nuevos propietarios no pueden explotar, y, lo que es peor, es de una cabida de sólo 96 y no de las 106 hectáreas de que se les habló.
“Otro hecho sumamente grave”, señaló Eduardo Díaz, “es que, respecto de las razones que les llevaron a aceptar la compra de este campo que tan poco les sirve, los dirigentes argumenten que fueron amenazados y engañados, agregando que en la Conadi se les dijo que tenían que aceptar ese predio o perdían el subsidio, y que tampoco podían cambiarse de la consultora que realizó la intermediación en esta operación”.
El parlamentario destacó que, así las cosas, con esta adquisición se beneficia más al vendedor y al intermediario que a los propios campesinos, los que de este modo siguen condenados a la pobreza en que actualmente sobreviven.
Díaz recordó que, por medio de la Cámara de Diputados y en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, pidió tanto a la Conadi como a la Contraloría para que se investigue este caso, indicando que hace unos días había pedido junto a los dirigentes de las familias afectadas una audiencia en Temuco con el Subdirector Nacional Sur de la Conadi, quien no los recibió, pese a tener día y hora comprometidos.
“Además”, recalcó el parlamentario, “es importante, a partir de esta situación, que se investigue profundamente el tema de las consultoras en relación con las adquisiciones de predios realizadas con cargo al Fondo de tierras de la Conadi, para saber porqué a las comunidades se les obliga a trabajar con consultoras que se llevan la comisión y les prestan un mal servicio.
“A estas familias se les dijo que no podían cambiar de consultora; se trata de la consultora TRAFKIN sobre la cual estamos pidiendo una completa investigación, pues hay consultoras que tienen manejo político y condenan a la gente a la pobreza, por lo que la Conadi y la Contraloría deben investigar esto a fondo”, concluyó el diputado Eduardo Díaz.
Por su parte, Pedro Millán, dirigente del sector Chol-Chol Repocura reafirmó lo dicho por el parlamentario, señalando que se les obligó a aceptar esa consultora y comprar ese terreno, pese a que ellos no querían tener una consultora que les hiciera los trámites, y a que nunca conocieron en detalle las características del campo que se adquirió.
“Al final”, terminó diciendo Millán, “aceptamos esa compra de tierras confiando en la consultora, y porque en la Conadi nos obligaron a adquirir este campo, bajo amenaza de que nos quitarían el subsidio si no lo hacíamos”.
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